En muchos países, las personas sometidas a pena aflictiva pierden el derecho a sufragio de forma indefinida. En otros, como en Chile, solo se les suspende mientras dure su privación de libertad. El debate sobre qué tan justificado es privar a las personas de su derecho al sufragio no siempre se relaciona con los estudios sobre las consecuencias de restringir ese derecho. Después de una discusión sobre los determinantes de la participación electoral, argumentamos que la existencia de personas inhabilitadas para votar es una dimensión que refleja bien el efecto negativo de la marginalización social en la participación electoral. Con datos de pobreza y la tasa a nivel comunal de las 266.120 personas inhabilitadas para votar en las 345 comunas de Chile, mostramos que tanto la pobreza como la tasa de inhabilitados para votar impactaron negativamente en la participación electoral en la elección presidencial de 2021. Argumentamos que la tasa de personas privadas de libertad por estar condenadas a pena aflictiva es una dimensión de marginalidad y exclusión social que complementa la dimensión más comúnmente usada, la tasa de pobreza. Concluimos llamando a extender el derecho a voto a las personas privadas de libertad y a asegurar el ejercicio de ese derecho a los privados de libertad que no han sido condenados.

Santiago Berg Bilbao, Francisca Chávez Saavedra, Patricio Navia