Este artículo aborda la acumulación de tensiones socio-ambientales en la provincia El Loa, Región de Antofagasta, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), que reconocieron nuevos derechos étnicos y ambientales en resguardo de la estructura jurídica neoliberal de la dictadura. Durante este período nacieron al menos nueve grandes operaciones mineras, además de otros proyectos extractivos, mientras que en forma paralela se implementaba la Ley Indígena (1993) y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (1994), que entregaron nuevas herramientas jurídicas a las comunidades locales para su defensa de los recursos naturales. Mediante una metodología cualitativa basada en la revisión de archivos de prensa, trabajo de campo y entrevistas, narramos esta trama de contradicciones, asimetrías y complejidades entre empresas, Estado y comunidades indígenas. Concluimos que este período fue clave en la zona, pues se configuró un sistema interétnico inexistente en las décadas pasadas, que modificó las relaciones en este campo social. En tal escenario, si la minería y otras actividades extractivas aumentaron e intensificaron la explotación de la naturaleza (agua, minerales y energía), además de provocar importantes episodios de contaminación, las comunidades asumieron su identidad indígena, elaboraron una demanda étnica y defendieron sus recursos naturales, mediante la judicialización de casos y/o la protesta social, emergiendo nuevas relaciones interétnicas.

Rodrigo Azócar Duarte