Este artículo identifica un problema en la práctica regulatoria ambiental de Chile: la adopción de regulación sustantiva con costos de fiscalización y sanción que son ignorados o muy subestimados. Aunque esta práctica viola la regulación adjetiva, puede explicarse por un diseño institucional que separa funciones en diferentes organismos: el Ministerio de Medio Ambiente tiene incentivos para adoptar regulación sustantiva e inmediatamente internalizar el crédito político, externalizando el eventual costo del fracaso en la Superintendencia de Medio Ambiente. La experiencia comparada maneja este problema a través de un organismo independiente de control de calidad de las evaluaciones de impacto regulatorio.

José A. Hernández R., Juan C. Monckeberg F.